“Nunca hubo tantos motivos para parar”: sindicatos y movimientos sociales anuncian paro nacional indefinido

Por: Fernando Torres (@fertp)

El pasado miércoles 28 de octubre, representantes de diferentes movimientos sociales, sindicales y políticos se reunieron, en la sede del Pacto Histórico en Bogotá, para acordar que el próximo 19 de noviembre será la fecha de inicio del paro nacional indefinido en contra de las medidas económicas y políticas del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

A la asamblea asistieron delegados de las principales centrales obreras del país, así como representantes de los sectores culturales, comunicadores populares y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros.

Dentro de las medidas alcanzadas se determinó que el paro será de carácter político y reivindicativo, también que tendrá como principal objetivo la renuncia del Presidente de la República.

“Nunca hubo tantos motivos para parar”, declaró uno de los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Se escucharon todo tipo de motivos y reclamos: la inflación, el estatuto antiterrorista, el presupuesto de 2027, la desfinanciación de la JEP, las relaciones con Israel, la embajada en Jerusalén, la injerencia de EEUU, la censura en el Museo Nacional, la pretensión de implementar una educación confesional, la finalización de los diálogos de paz, la brutalidad policial, el resurgimiento de la violencia, entre otros.

Contrarreforma tributaria: impuestos a la canasta básica y facultades extraordinarias

Al día siguiente del anuncio, el 29 de octubre, como quien busca echar leña al fuego, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso un proyecto de ley denominado ‘Ley de rescate económico’, que no es otra cosa más que la contrarreforma tributaria más regresiva de la historia del país.

Con esta reforma el gobierno busca, entre otras cosas, reestructurar profundamente el sistema tributario nacional, redefinir en qué se gasta el dinero recaudado, y también, conseguir un ajuste fiscal que hace una importante transferencia de riqueza desde los sectores asalariados hacia los empresariales y privilegiados.

Esta nota no pretende un análisis exhaustivo de los 106 artículos del texto presentado por la cartera dirigida por Miguel Gómez Martínez. Sin embargo, sí busca mencionar algunos de los puntos más relevantes —y preocupantes— dentro del articulado del proyecto.

Lo más regresivo de la reforma y el principal golpe al bolsillo, no sólo de las trabajadoras y los trabajadores, sino al de toda la población de nivel socioeconómico bajo y medio, es el aumento en el número de productos —incluidos varios de la canasta básica— que serían gravados con IVA, y también, la eliminación de algunas tarifas diferenciales, lo que haría que algunos bienes y servicios de consumo masivo pasen de pagar el 5% al 19%.

Esto significa que, de aprobarse la reforma, productos cotidianos como frutas, hortalizas, granos, café, cacao y otros que también afectan directamente la canasta básica como semillas, fertilizantes y plaguicidas se van a encarecer. También pasaría lo mismo con las entradas al cine, conciertos, eventos deportivos y culturales. Adicional a esto, las compras realizadas por internet, por un monto inferior a US$200, que actualmente no están afectadas por este impuesto, comenzarían a estarlo. A estas medidas, que perjudican el poder adquisitivo de las personas se suma un incremento en los gravámenes al tabaco, a la producción de cerveza y al consumo de licor.

En contraposición a esto, mientras el Gobierno busca ajustar a los que menos tienen, la reforma también pretende reducir de manera escalonada el impuesto de renta corporativo —el que pagan las grandes empresas— del 35% al 31%. También propone un ‘Régimen Único de Gran Escala’ que supone una tarifa de renta reducida del 20% para megaproyectos e inversiones realizadas entre 2027 y 2028, y de 26% para los que se desarrollen en 2029.

Con esta contrarreforma el Gobierno también se propone recortar a la mitad la cantidad de contratos de prestación de servicios activos entre 2026 y 2027, lo cual se traduce en una verdadera masacre laboral en el sector público y un inevitable deterioro en el funcionamiento de las entidades del Estado que se vean afectadas.

Pero quizá lo más peligroso del texto sea lo planteado en el artículo 7. Con este se propone que se le otorguen facultades extraordinarias durante 6 meses al Presidente para crear, fusionar o suprimir ministerios, departamentos o entidades públicas sin necesidad de pasar por el Congreso. Esto permitiría que el Ejecutivo reestructure el Estado a su antojo sin contemplar los puestos de trabajo o las poblaciones que se puedan ver vulneradas con la escisión de servicios.

Según el Ejecutivo, el país enfrenta una “crisis fiscal que amenaza la sostenibilidad de las finanzas públicas”, y por eso, ajustar el gasto del Estado es la única alternativa para evitar un seguro default —un discurso copiado y pegado del manual neoliberal—. Para nadie es un secreto que el país tiene problemas fiscales, pero esos problemas son consecuencia de décadas de políticas económicas regresivas, bajo ninguna circunstancia pueden atribuirse al gobierno anterior. Repetir indefinidamente los mantras neoliberales que acusan al gasto público y al tamaño del Estado de ser los peores de todos los males impide ver las verdaderas enfermedades terminales de las finanzas públicas, la evasión tributaria y la corrupción.

El día de la presentación del proyecto de ley, el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, justificó la reforma al argumentar que “de cada 3 pesos del presupuesto nacional que pagamos en impuestos, uno se va a pagar intereses de la deuda pública”. A pesar de esto, en días pasados, el Gobierno emitió bonos de deuda externa por un valor de 5200 millones de dólares. con vencimientos de hasta 30 años a tasas de hasta 8,15% —son tasas y plazos poco convenientes para el bolsillo de los contribuyentes—. Desde el Ministerio de Hacienda no se explicó cuál será el destino de estos recursos.

En definitiva, esta reforma aumentaría la presión fiscal sobre los que menos riqueza e ingresos poseen, deterioraría la capacidad de consumo de las personas y esto, como se ha evidenciado en otros países y también en otros periodos de ajuste neoliberal, enfriaría la economía. Paradójicamente, este proyecto de ley, que recibió el visto bueno del FMI —como augurio de catástrofe para el pueblo trabajador—, no toca a las iglesias.

Acuerdos mineros, deuda externa y la sombra del FMI

Más allá de esta reforma, diseñada para complacer los intereses del empresariado y de los fondos de inversión, el encabezado por De La Espriella es un proyecto económico neoliberal, oligopólico, predatorio, empobrecedor, y sobre todo, profundamente colonial.

El pasado 9 de septiembre el Gobierno nacional firmó un acuerdo de entendimiento en la ciudad de Barranquilla con EEUU, mediante el cual, el país del norte busca asegurar para sí mismo las cadenas de suministro de minerales críticos y tierras raras existentes en Colombia.

En dicho encuentro también se promovieron iniciativas como el “Plan patriota Siglo XXI” y el “Escudo de las Américas”. Con las que ambos gobiernos buscan estrechar relaciones en materia militar y armamentística. Esto supone la participación de las FFAA colombianas en operaciones conjuntas, la ratificación de las bases militares estadounidenses y la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, entre otras cosas.

También en relación con la profundización del modelo extractivista, en días pasados el Ministerio del Interior hizo explícito su interés por flexibilizar el proceso de consulta previa a las comunidades étnicas, con lo que espera facilitar el proceso de expedición de licencias ambientales. Esto en línea con el deseo del Gobierno y algunas transnacionales mineras de agilizar la concesión de proyectos extractivos.

Resulta muy preocupante también, la ‘necesidad’ manifestada en distintas oportunidades por el Gobierno de tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo cual, en primer lugar, se contradice nuevamente con lo mencionado antes por el propio Gobierno para justificar la reforma tributaria, que 1 de cada 3 pesos recaudados por el Estado se destinan al pago de deuda. En segundo lugar, el endeudamiento con el FMI siempre implica la aceptación de condiciones que apuntan a deteriorar las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores.

Esta entidad —el FMI—, que no es más que un instrumento mediante el cual el Poder económico internacional ejerce el colonialismo financiero, busca intervenir en las políticas económicas y monetarias del país, para de este modo, flexibilizar y desregular el marco jurídico y facilitar la explotación de recursos y la precarización de trabajadores por parte de corporaciones transnacionales del norte global.

La otra consecuencia latente del modelo colonial extractivista es el deterioro de la soberanía alimentaria. En un contexto de cambio climático y fenómeno del niño, que son síntomas de la profundización de la crisis ambiental producto justamente de este modo de producción predador de ecosistemas, permitir la proliferación de proyectos mineros —con fracking incluido— pone en peligro no solo el bienestar, la salud y la permanencia de las comunidades en los territorios afectados, sino también al agua, y con esta, la posibilidad del autoabastecimiento de alimentos tanto en las regiones como en las ciudades.

El fracaso repetido del ajuste: las recetas de austeridad ya demostraron su devastador impacto en la calidad de vida y el empleo

En otros países de la región, también con el pretexto de combatir el déficit, medidas similares —por no decir calcadas— a las propuestas por este Gobierno han significado sí, en primer lugar, crecimiento macroeconómico del que se benefician casi que exclusivamente las grandes empresas. Pero también traen aparejado factores como: incremento de la pobreza, desempleo, informalidad, cierre de empresas, degradación en los servicios, deterioro en la calidad de vida y estancamiento económico.

A pesar de tener menos de 100 días en el poder, la lista de razones de los distintos movimientos sociales, sindicales y políticos para levantarse en contra de De La Espriella parece interminable. También resulta importante comprender que este no es más que el representante asignado para nuestro territorio por parte de esta internacional neofascista.

Enhorabuena, las cosas que están ocurriendo alrededor del mundo evidencian que el camino para derrotar esta avanzada es la movilización popular. El pueblo precisa hoy de una dirigencia política que en primer lugar haga oposición firme y clara a este proyecto, que plantee alternativas que confronten —en lo material y en lo simbólico— lo propuesto por De La Espriella. Que le señale al pueblo caminos alternativos que le permitan sortear las coyunturas actuales sin estrangular el bolsillo de los que menos tienen. En segundo lugar, es necesario e imperativo, superar las fracturas, reconstruir la unidad y orientar la lucha hacia una misma dirección que impida que el proyecto neofascista avance y se fortalezca.

Este momento de la historia demanda UNIDAD y consenso para la defensa de la vida, la dignidad, la soberanía, las conquistas, los derechos y el bolsillo de los más vulnerables. De nuevo, “nunca hubo tantos motivos” para salir a las calles, nunca estuvo tan claro a quién hay que enfrentar. Hoy hay un solo enemigo y está enfrente.