Contrarrevolución cultural y ajuste neoliberal: La ofensiva del Gobierno y la respuesta en las calles
Por Fernando Torres (@fertp)
El pasado 15 de octubre el Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, ordenó a la Ministra de las Culturas, Paola Holguín, retirar más de 45 producciones culturales de la exposición permanente del Museo Nacional de Colombia por considerarlas “apología al terrorismo”, en lo que constituye un nuevo acto de censura por parte del Gobierno nacional. Esta es una medida que se alinea con otras como el cierre de las emisoras radiales de paz y el cambio en la programación y despido masivo de trabajadores del Sistema de Medios Públicos.
Las piezas retiradas como consecuencia de la denominada “contrarrevolución cultural”, hacen referencia y reivindican la historia política del país, las diversidades sexuales, los feminismos, la memoria, la paz y la reconciliación. Entre los objetos apartados de la exposición se encuentran una pluma hecha con balas fundidas, con la que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016 y el tarjetón de la séptima papeleta que permitió convocar a la Asamblea Nacional Constituyente que concibió la constitución de 1991.
También retiraron obras alusivas al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial por la Unión Patriótica, quien fue asesinado el 22 de marzo de 1990, debido a su creciente popularidad, sus constantes denuncias contra el paramilitarismo y por señalar las relaciones de algunos sectores del Estado, las Fuerzas Armadas y agencias de inteligencia, con el exterminio de la Unión Patriótica. Este último, hecho en del cual fueron asesinadas y desaparecidas por lo menos 5729 personas vinculadas a la UP, según informes de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hecho que fue declarado como genocidio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de julio de 2022.
Otras piezas censuradas son las referentes a la guerrilla del M-19, grupo comandado por Carlos Pizarro, también candidato presidencial por el partido Alianza Democrática M-19 (ADM-19), quien fue asesinado en pleno vuelo de Bogotá a Barranquilla el 26 de abril del mismo año, por órdenes de los paramilitares Carlos y Fidel Castaño con complicidad de agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Crimen ocurrido seis semanas después de que este grupo subversivo —y Pizarro— lograra firmar un acuerdo de paz con el Gobierno de Virgilio Barco.
Las piezas retiradas como consecuencia de la denominada “contrarrevolución cultural”, hacen referencia y reivindican la historia política del país, las diversidades sexuales, los feminismos, la memoria, la paz y la reconciliación. Entre los objetos apartados de la exposición se encuentran una pluma hecha con balas fundidas, con la que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC en 2016 y el tarjetón de la séptima papeleta que permitió convocar a la Asamblea Nacional Constituyente que concibió la constitución de 1991.
También retiraron obras alusivas al magnicidio de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato presidencial por la Unión Patriótica, quien fue asesinado el 22 de marzo de 1990, debido a su creciente popularidad, sus constantes denuncias contra el paramilitarismo y por señalar las relaciones de algunos sectores del Estado, las Fuerzas Armadas y agencias de inteligencia, con el exterminio de la Unión Patriótica. Este último, hecho en del cual fueron asesinadas y desaparecidas por lo menos 5729 personas vinculadas a la UP, según informes de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Hecho que fue declarado como genocidio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 27 de julio de 2022.
Otras piezas censuradas son las referentes a la guerrilla del M-19, grupo comandado por Carlos Pizarro, también candidato presidencial por el partido Alianza Democrática M-19 (ADM-19), quien fue asesinado en pleno vuelo de Bogotá a Barranquilla el 26 de abril del mismo año, por órdenes de los paramilitares Carlos y Fidel Castaño con complicidad de agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Crimen ocurrido seis semanas después de que este grupo subversivo —y Pizarro— lograra firmar un acuerdo de paz con el Gobierno de Virgilio Barco.
La movilización social frente al autoritarismo cultural
Las reacciones a la censura, tanto de repudio como de aprobación, no se hicieron esperar. El retiro de las obras provocó que diferentes movimientos sociales, políticos y culturales convocaran manifestaciones en rechazo a este acto de ocultamiento. Las principales protestas ocurrieron el sábado 17 y el domingo 18 de octubre frente al edificio del Museo Nacional en la carrera séptima de Bogotá. Durante los dos días el museo estuvo custodiado desde horas de la mañana por miembros del recientemente renombrado Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, antes, Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDMO.
Las manifestaciones, que transcurrían de manera pacífica, se vieron alteradas precisamente cuando la Policía, sin considerar la presencia de niñas, niños y menores de edad, decidió intervenir y reprimir. La presencia de vehículos blindados y el agua incitaron a los manifestantes que rápidamente respondieron arrojando piedras y objetos en contra del vehículo y los uniformados, quienes a su vez no tardaron en hacer uso del gas lacrimógeno, las granadas aturdidoras, las balas de goma y la fuerza bruta.
Los dos días la situación no tardó en escalar, el Centro Internacional se convirtió en un campo de batalla, la noche del sábado la policía decidió usar el agua a presión de una de sus tanquetas para destruir una obra del artista Sergio Mendoza, que se encontraba ubicada en el centro de la plazoleta frente al Museo, la cual había sido usada por los manifestantes para pegar carteles con reproducciones de las obras censuradas.
El domingo los enfrentamientos entre policía y manifestantes se mantuvieron durante toda la tarde y los choques se desplazaron tanto al Parque Nacional como a la calle 26 frente al Centro de Memoria. La caída de la noche, la dispersión de algunos de los manifestantes y la presencia de organizaciones de Derechos Humanos permitieron desescalar la situación. Al final de las dos jornadas no se registraron daños materiales a edificaciones públicas ni privadas, pero sí personas heridas y detenidas.
Ajuste neoliberal y primarización de la economía
Paradójicamente, mientras en las calles y en las plataformas digitales ocurría esta lucha en nombre de la “batalla cultural”, unas cuadras más al sur, más exactamente en el Congreso de la República, se debatía el presupuesto del Gobierno para 2027. Presupuesto que fue posteriormente expedido por decreto y que implica recortes en sectores clave como vivienda, cultura, educación, ciencia y deporte. También se desfinancia en cerca de 180.000 millones de pesos la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
Otros factores que resulta importante resaltar son las medidas como el memorando de entendimiento suscrito el 9 de septiembre en la ciudad de Barranquilla entre Colombia y EEUU, con el que Washington pretende asegurar y diversificar cadenas de suministros de hidrocarburos y minerales críticos para hacer frente al dominio chino en este sector.
También, hechos como el interés en reformar el procedimiento de consulta previa a las comunidades manifestado por el Ministerio del Interior. La consulta previa es un derecho que ostentan las comunidades étnicas de todo el país que habitan en territorios que puedan llegar a verse afectados por proyectos mineros, energéticos o de cualquier otro tipo. El propósito de la reforma es flexibilizar el proceso de consulta con el propósito de facilitar la expedición de licencias ambientales.
En la misma línea entreguista y subordinada que ha mostrado el Gobierno De La Espriella hasta ahora, están los anuncios hechos desde el ministerio de hacienda de iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial —ambos instrumentos del neoliberalismo financiarizado— con el fin de hacer una “actualización y fortalecimiento de la Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo”, en otras palabras, endeudar al país. Es necesario recalcar que los créditos del FMI y el BM siempre implican la aceptación de condiciones en las políticas económica y monetaria de los países endeudados. Estas condiciones van siempre en dirección de la flexibilización laboral, el ajuste al bolsillo de los trabajadores y el desfinanciamiento de sectores clave como salud, vivienda y educación.
Todos estos movimientos permiten comprender la dirección de la política económica del Gobierno De La Espriella. Neoliberalismo, endeudamiento, primarización, profundización en la extracción de commodities con su consecuente desindustrialización y detrimento de la generación y mantenimiento de puestos de trabajo calificado. Este tipo de proyectos —al igual que ocurre en países como Argentina, Ecuador, El Salvador y otros— deterioran el bienestar de las personas, destruyen y precarizar el empleo, asfixia a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, someten al pueblo a los intereses del Poder económico concentrado.
Otros factores que resulta importante resaltar son las medidas como el memorando de entendimiento suscrito el 9 de septiembre en la ciudad de Barranquilla entre Colombia y EEUU, con el que Washington pretende asegurar y diversificar cadenas de suministros de hidrocarburos y minerales críticos para hacer frente al dominio chino en este sector.
También, hechos como el interés en reformar el procedimiento de consulta previa a las comunidades manifestado por el Ministerio del Interior. La consulta previa es un derecho que ostentan las comunidades étnicas de todo el país que habitan en territorios que puedan llegar a verse afectados por proyectos mineros, energéticos o de cualquier otro tipo. El propósito de la reforma es flexibilizar el proceso de consulta con el propósito de facilitar la expedición de licencias ambientales.
En la misma línea entreguista y subordinada que ha mostrado el Gobierno De La Espriella hasta ahora, están los anuncios hechos desde el ministerio de hacienda de iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial —ambos instrumentos del neoliberalismo financiarizado— con el fin de hacer una “actualización y fortalecimiento de la Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo”, en otras palabras, endeudar al país. Es necesario recalcar que los créditos del FMI y el BM siempre implican la aceptación de condiciones en las políticas económica y monetaria de los países endeudados. Estas condiciones van siempre en dirección de la flexibilización laboral, el ajuste al bolsillo de los trabajadores y el desfinanciamiento de sectores clave como salud, vivienda y educación.
Todos estos movimientos permiten comprender la dirección de la política económica del Gobierno De La Espriella. Neoliberalismo, endeudamiento, primarización, profundización en la extracción de commodities con su consecuente desindustrialización y detrimento de la generación y mantenimiento de puestos de trabajo calificado. Este tipo de proyectos —al igual que ocurre en países como Argentina, Ecuador, El Salvador y otros— deterioran el bienestar de las personas, destruyen y precarizar el empleo, asfixia a las pequeñas y medianas empresas y, sobre todo, someten al pueblo a los intereses del Poder económico concentrado.
Consecuencias del modelo neofascista sobre los trabajadores
Los ejemplos de lucha de otros territorios del continente, y también de otras latitudes, dejan claro que el principal camino para derrotar esta actual avanzada neofascista no es otro más que la movilización popular. Y sí, los actos de censura como los ocurridos en el Museo Nacional merecen ser categóricamente repudiados, porque la historia mostró más de una vez que son el preludio de cosas mucho peores. Pero es necesario que los movimientos sociales, sindicales y políticos que conforman la oposición a este proyecto neocolonial tengan la capacidad de articular distintos frentes y coordinar acciones que permitan dar la batalla cultural, disputar el sentido y la subjetividad de las personas, mientras, al mismo tiempo, se defienden los bienes comunes —recursos naturales—, la soberanía económica y las condiciones materiales de los trabajadores.
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